Brasil.- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este domingo el juicio de Impeachment, o destitución, contra la presidenta Dilma Rousseff, con lo que su segundo mandato estaría por terminar de forma abrupta en los próximos días.
En una votación parlamentaria histórica, los 513 diputados brasileños, integrantes de 25 distintas fuerzas políticas, emitieron uno a uno su voto sobre el destino de la presidenta, cuya esperanza final se encuentra en la Cámara de Senadores, estancia que tendrá la decisión definitiva sobre si continúa en el cargo, o es separada por al menos 180 días en lo que se le investiga.
La votación continúa al momento, pero 342 diputados ya se pronunciaron por el «Sí» al Impeachment, en tanto 127 por el «NO», y 6 se abstuvieron. Con el número mágico de los 342 no importa más lo que emitan los 38 diputados restantes.
El proceso en contra de Rousseff ocurre en medio de una crisis económica y política que ha tenido a Brasil de cabeza desde inicios de este año, cuando las protestas contra su gobierno, derivadas de más información sobre los presuntos actos de corrupción en Petrobras, fueron generando mayor eco en las calles y respaldo en el Congreso.
Uno de los episodios que desató uno oleada anti-Rousseff fue la detención de su predecesor y amigo Lula Da Silva, acusado de beneficiarse de una red corrupta de Petrobras. Tras presentarse a declarar, Lula fue nombrado Ministro de Gobierno, una maniobra que fue percibida como «protección» ante los señalamientos en su contra.
Pero, legalmente, la mandataria enfrenta una denuncia presentada en octubre por el «maquillaje» de déficit presupuestal, al ejecutar acciones que violan normas fiscales y proyectan una imagen de mayor bienestar financiero.
La denuncia alude al uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno. El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal. El proceso contra Dilma se hizo efectivo la semana pasada, cuando una comisión avaló continuar con el dictamen. Pero sobre ella no pesa ninguna acusación directa de enriquecimiento ilícito o desvío de recursos de gobierno. Su defensa argumenta que no es responsable directa de las implicaciones.
Ahora, el Senado tendrá 10 días para realizar la votación, que deberá contar con el respaldo sólo de la mayoría simple en esa cámara. Si se avala la medida, la presidenta en funciones será sustituida 180 días por el vicepresidente Michael Temer, ex aliado que esta semana ha hecho público su rompimiento con el oficialismo.