El gobierno de Donald Trump se prepara para aplicar una nueva regla que afectará a los inmigrantes en situación regular que usen fondos públicos o sean susceptibles de convertirse en una carga pública. Se trata de una de las medidas más fuertes que intenta poner en vigencia el gobierno de EEUU para controlar también la inmigración legal (*).
La norma fue incluida en la regla final de Carga Pública que fue anunciada en octubre en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) y entrará en vigor a los 60 días de ser publicada contados a partir del 14 de agosto.
La regla final incluye un requisito de que los extranjeros que buscan una extensión de estadía o el cambio de estatus (por ejemplo, residencia permanente) demuestren que no han solicitado la asistencia pública al gobierno desde que obtuvieron el estado migratorio de no inmigrante que buscan extender o cambiar, y tampoco recibieron beneficios públicos.
La nueva medida denegará a los solicitantes de residencia legal permanente ( green card) y otros beneficios de inmigración, como visas, si usan asistencia alimentaria tales como los cupones de vivienda u otras formas de bienestar público.
La nueva regla no afecta a personas que ya son ciudadanos por naturalización o que ya tienen residencia permanente, ya que no tiene caracter retroactivo.
Los expertos en reglas migratorias dicen que el cambio en la noción de lo que es carga pública podría reducir drásticamente la inmigración legal basada lazos familiares, particularmente desde México y Centroamérica, países que por estar en vías de desarrollo, poseen ingresos mucho más bajos que aquellos desarrollados o con economías más sólidas.