Estados Unidos lleva meses intentando convencer a México para que se convierta en país seguro para los solicitantes de asilo, y ha firmado acuerdos con El Salvador, Guatemala y Honduras con ese mismo objetivo. Pero, entre tanto, activistas a favor de los inmigrantes están presionando a la justicia canadiense para que decrete que Estados Unidos no es un país seguro, de forma que los miles de solicitantes de asilo que han cruzado la frontera norte puedan quedarse allí.
La ley migratoria estadounidense obliga a admitir las solicitudes de asilo de los migrantes que lleguen a la frontera, siempre y cuando no hayan pasado antes por un país seguro en el que hubieran podido refugiarse sin seguir camino hacia Estados Unidos. Hasta este año, para Estados Unidos sólo Canadá lo era.
El Gobierno que preside Donald Trump intentó que México firmara un acuerdo para convertirse en país seguro. De esa forma, podría denegar el asilo automáticamente a todos los migrantes que lo solicitaran si llegaban a su frontera sur sin haberlo pedido antes en México. No lo consiguió porque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se negó, pero sí logró que los tres países centroamericanos firmaran un acuerdo en ese sentido.
La dureza de la política migratoria estadounidense ha llevado en los últimos tres años a más de 50,000 personas a cruzar de forma ilegal la frontera entre este país y Canadá para pedir asilo allí, según informa la agencia de noticias Reuters.
Si se considerara a Estados Unidos un país seguro, Canadá podría rechazar sus solicitudes de asilo automáticamente. Pero un grupo de organizaciones humanitarias, entre ellas Amnistía Internacional, ha acudido ante la justicia canadiense para intentar demostrar que, bajo la presidencia de Trump, ha dejado de serlo para inmigrantes y refugiados.
Como ejemplo, el abogado Andrew Brouwer ha citado casos de solicitantes de asilo retornados de Canadá a Estados Unidos sólo para ser encarcelados y encerrados en celdas de aislamiento durante semanas, sin apenas acceso ni siquiera a un letrado.
El Gobierno canadiense negó este viernes que los derechos de los solicitantes de asilo se vean violentados por el acuerdo de tercer país seguro firmado en 2002 con Estados Unidos. De hecho, el primer ministro, Justin Trudeau, quiere ampliar ese acuerdo para aplicarlo a toda la frontera, y no sólo a los puertos oficiales.
La corte federal de Toronto que examina el caso ha escuchado ya a las partes y ahora prepara su sentencia. Este acuerdo ya fue llevado ante la justicia canadiense en 2005, pero entonces la demanda fue rechazada por una corte de apelación.
¿La diferencia ahora? Donald Trump, y su efecto negativo sobre la vida de los migrantes.