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SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — La localidad de Paradise, en California, ha perdido poco más de 90% de su población desde el incendio forestal que causó 85 muertes el año pasado, según nuevas estadísticas difundidas por el gobernador Gavin Newsom.Un total de 2.034 habitantes fueron contados en abril en un estudio casa por casa, un nuevo descenso respecto de la cifra estatal del 1 de enero que ya había disminuido a casi 4.600 personas.De acuerdo con el censo de 2010, 26.800 personas vivían en la localidad, ubicada en las faldas de la Sierra Nevada.El incendio forestal de noviembre, que destruyó gran parte de Paradise y comunidades vecinas, es el que ha causado más muertes en casi un siglo.La reconstrucción comenzó en fecha reciente. Los primeros permisos para reconstruir dos de las 11.000 casas destruidas fueron entregados en marzo.Newsom declaró el jueves zona rural a Paradise para que pueda recurrir a créditos, subvenciones y asistencia, de acuerdo a los programas de desarrollo rural que tienen financiación federal.Fuente

El diario The New York Times publicó este jueves que las tan anunciadas redadas comenzarán finalmente el próximo domingo. El operativo se desplegará previsiblemente en diez grandes ciudades(entre ellas Nueva York, Chicago o Los Ángeles) y estará destinado a todos los extranjeros “que violen las leyes de inmigración”, según dijo a Univision el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Aunque la agencia federal rechazó ofrecer “detalles específicos relacionados con las operaciones”, si adelantó que el 90% de los extranjeros arrestados en 2018 “tenían una o más condenas criminales pendientes o eran fugitivos”. Matthew Bourke, vocero de ICE, insitió en que la prioridad de la agencia migratoria es arrestar y deportar a quienes constituyan “una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”.

ICE considera fugitivos a los extranjeros que permanecen en el país a pesar de tener una orden de deportación y a quienes firmaron una salida voluntaria del país pero no se fueron en la fecha acordada con las autoridades migratorias. Por su parte, volver a entrar a Estados Unidos sin autorización después de haber sido deportado en el pasado (reentry) implica un delito criminal, que se castiga incluso con cárcel.

Las redadas que Donald Trump ha anunciado ampliamente desde principios de junio ya son “inminentes”, tal como aseguro una fuente anónima del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a Univision y como confirmó más tarde The New York Times.

Cinco días después de llegar a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva con la que declaró la permanencia indocumentada como una amenaza para la seguridad pública y nacional. En este sentido, el objetivo del presidente es deportar a los inmigrantes que se encuentren en alguno de los siguientes casos:

  1. Condena por cualquier delito.
  2. Acusación no resuelta por cualquier delito.
  3. Comisión de actos que constituyen delito penal imputable.
  4. Fraude o tergiversación deliberada de cualquier asunto oficial.
  5. Sujeción a orden penal de deportación.
  6. Riesgo para la seguridad pública o nacional (según un funcionario de migración).
  7. Migrantes legales que perdieron sus derechos de permanencia y que continúan en el país.

 

 

 

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