CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En otros países han jubilado a los médicos mayores, han convocado a los estudiantes de Medicina para ponerse al frente y han alentado al personal de salud agotado por la pandemia de COVID-19, pero en Nicaragua los médicos han sido acosados, amenazados y, en algunos casos, obligados a exiliarse por cuestionar el manejo de la pandemia.
Incluso, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, ha acusado a los médicos de hacer “terrorismo sanitario” y de difundir “pronósticos y noticias falsas”, al informar que el COVID-19 se ha extendido mucho más de lo que reconocen las autoridades.
Mientras las organizaciones sanitarias internacionales advierten del aumento de las infecciones en Nicaragua y los médicos independientes piden una cuarentena voluntaria para frenar la propagación de la variante delta, el gobierno de Daniel Ortega, quien busca un cuarto mandato consecutivo, ha dejado claro que ese tipo de comentarios son inaceptables.
Grupos de médicos denuncian un número mucho mayor de contagios y muertes por COVID-19 y han criticado al gobierno sandinista por promover concentraciones masivas.
El Dr. Leonel Argüello, uno de los epidemiólogos más destacados del país, huyó recientemente de Nicaragua tras meses de acoso y amenazas.
Argüello mantiene su propio recuento de trabajadores sanitarios —incluidos doctores— fallecidos por el COVID-19 y acusa al gobierno de crear una falsa sensación de seguridad que ha costado vidas.
“No estamos trabajando para quitar un gobierno”, dijo el especialista a The Associated Press desde un país que pidió no revelar por cuestiones de seguridad. “No estamos trabajando para ser un partido de la oposición. Estamos trabajando como lo haríamos con cualquier paciente para buscar la manera de salvar su vida”.