La oficina de la División de Auditoría Legislativa del estado también encontró fallas en la seguridad de los datos y grandes brechas en la contabilidad de la ayuda a las familias necesitadas, informó el jueves The Anchorage Daily News.
La división emitió una opinión «calificada» sobre las finanzas del estado para el año fiscal que terminó el 1 de julio. La designación significa que la auditoría es precisa solo en lo que la división del auditor puede decir.
«La administración del Departamento de Ingresos denegó a los auditores el acceso a los registros financieros relevantes», escribió el auditor Kris Curtis en una presentación el mes pasado.
La división es el auditor independiente del poder ejecutivo y la ley estatal requiere que la agencia tenga acceso a todos los documentos necesarios.
El gobierno federal requiere que los registros financieros estatales sean auditados independientemente cada año para seguir siendo elegible para recibir ayuda. Las agencias de calificación crediticia utilizan auditorías para determinar la solvencia de los préstamos.
«Ese tipo de comportamiento nos causa una gran preocupación, porque desde una perspectiva de auditoría, uno se pregunta: ¿Están proporcionando toda la información», dijo Curtis.
El ex comisionado del Departamento de Ingresos Bruce Tangeman, quien renunció en diciembre, no firmó una declaración que verifique que los registros financieros del estado sean precisos.
«Desde la perspectiva del auditor, eso genera muchas banderas rojas», dijo Curtis.
Tangeman no certificó las finanzas porque estaba fuera del estado antes de dejar el cargo, y había dejado su puesto cuando un funcionario estatal le informó sobre la auditoría, lo que lo llevó a creer que sería inapropiado firmar en ese momento, dijo.
Tangeman y los funcionarios estatales actuales dijeron que la mayoría de los problemas de auditoría se relacionan con disputas legales que comenzaron bajo el gobernador independiente Bill Walker y han continuado bajo el gobernador republicano Mike Dunleavy.
Los funcionarios estatales dijeron que proporcionaron información sobre acuerdos legales relacionados con el programa de crédito tributario sobre el petróleo buscado por Curtis, pero la información sobre las negociaciones antes de los acuerdos está protegida por el privilegio abogado-cliente.
El Departamento de Derecho de Alaska coincidió en que el estado proporcionó copias de los acuerdos fiscales a los auditores, pero los archivos que cubren las negociaciones que condujeron a esos acuerdos han sido cubiertos por el privilegio abogado-cliente «por lo menos en las dos últimas administraciones».