El acuerdo de Escazú impulsado por la CEPAL busca garantizar la participación de comunidades y activistas en las decisiones ambientales estatales.
México.- Más de 200 organizaciones de Latinoamérica enviaron una carta a los presidentes solicitando que se adhieran al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú), promovido por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL).
El Tratado de Escazú es el primer instrumento vinculante para la protección de defensores ambientales en América Latina y el Caribe, herramienta que permitirá un enfoque participativo en formulación de políticas públicas y proyectos relacionados con el medio ambiente.
Los principios enunciados por el acuerdo tienen un enfoque de derechos humanos, ya que también considera la mitigación de los conflictos con comunidades que son directamente afectadas por las decisiones de infraestructura de los distintos gobierno.
De acuerdo con la CEPAL, el tratado busca que más de 33 estados de la región firmen con el objetivo de comprometerse a “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
En este sentido, las organizaciones exhortan a que se ratifique de manera inmediata el trato que puede otorgar el derecho a un “medio ambiente sano, la igualdad en el acceso a al justicia y la protección de personas que defienden derechos humanos y del ambiente”.
La propuesta del texto fue impulsada por el gobierno de Costa Rica y se abrirá a la firma de los Estados el próximo 27 de septiembre, durante el segundo segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.